Derechos sociales: mandatos, no garantías individuales directas
El Capítulo III es el programa social de la Constitución. Define un Estado que no se limita a proteger la libertad (Capítulos I y II), sino que también promueve activamente la igualdad real y la dignidad: protegiendo a las familias, garantizando la salud, facilitando el acceso a la cultura, protegiendo el medio ambiente, velando por la vivienda.
La diferencia técnica con los derechos fundamentales es crucial: estos principios no son directamente invocables ante los tribunales como derechos subjetivos. Un ciudadano no puede ir a un juez a exigir que el Estado le proporcione una vivienda basándose solo en el art. 47. Sin embargo, toda la legislación debe inspirarse en ellos y el Tribunal Constitucional los usa como criterio de interpretación.
Esta elección constitucional refleja la sabiduría del constituyente: si esos derechos fueran exigibles individualmente, la carga sobre el Estado sería insostenible. Pero al convertirlos en principios vinculantes para el legislador, se garantiza que la política pública los persiga como objetivo permanente.
Artículos 39 a 52
Art. 39
Protección de la familia y de los hijos
Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad.
Art. 40
Pleno empleo y distribución equitativa de la renta
Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. Asimismo fomentarán una política orientada al pleno empleo.
Art. 41
Sistema de Seguridad Social
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Art. 42
Los trabajadores españoles en el extranjero
El Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Art. 43
Derecho a la protección de la salud
Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
Art. 44
Acceso a la cultura
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Art. 45
Derecho a un medio ambiente adecuado
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente.
Art. 46
El patrimonio histórico, cultural y artístico
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Art. 47
Derecho a la vivienda
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Art. 48
Participación de la juventud
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Art. 49
Atención a las personas con discapacidad
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
Art. 50
Personas mayores
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Art. 51
Defensa de los consumidores y usuarios
Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
Art. 52
Las organizaciones profesionales
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Test: Principios rectores (Arts. 39–52)
El programa social de la Constitución: familia, salud, vivienda, medio ambiente, cultura y mayores.